El desarrollo urbanístico de Sa Pedruscada sigue siendo uno de los temas más sensibles en la actualidad municipal. Mientras desde plataformas como Salvem Sa Pedruscada se denuncian irregularidades y se pide la paralización del proyecto, el Ajuntament defiende que la actuación se enmarca dentro de la legalidad y recuerda los límites reales de actuación de la administración local. En este contexto, la alcaldesa Núria Garcia lanza un mensaje de apertura y diálogo, en paralelo a un proceso que ya está en manos de la justicia.
La alcaldesa reconoce que el margen de maniobra del Ayuntamiento no es ilimitado. En relación a la posibilidad de frenar el proyecto mediante la expropiación de los terrenos, deja claro que “El Ajuntament no dispone de 20 millones de euros para expropiar la parcela de Sa Pedruscada” , poniendo así sobre la mesa una de las claves del debate: la capacidad real de intervención de la administración pública.
En este sentido, Garcia insiste en que el consistorio actúa dentro de un marco legal determinado y que no puede tomar decisiones arbitrarias al margen de la normativa urbanística vigente. Una posición que contrasta con el colectivo vecinal, que apela a paralizar la concesión de licencias hasta que exista una resolución judicial firme.
Desde el Ayuntamiento se defiende que el procedimiento tiene recorrido jurídico y que será finalmente el juzgado quien determine la legalidad o no del desarrollo. Un argumento que también aparece en el discurso de la plataforma, que reconoce que el proceso está judicializado y pendiente de resolución en los próximos meses.
Donde sí coincide el mensaje institucional es en la voluntad de mantener abiertos los canales de comunicación. “Las puertas de mi despacho están abiertas para escuchar a toda la ciudadanía”, ha señalado la alcaldesa, dando una imagen de diálogo ante un tema que ha generado una importante división social.
El debate, en cualquier caso, va más allá del propio proyecto. De fondo aparecen cuestiones como la presión urbanística, la disponibilidad de recursos, especialmente hídricos, y el modelo de crecimiento del municipio. Argumentos que desde la plataforma ponen sobre la mesa al advertir de los riesgos de desarrollar grandes proyectos sin todas las garantías.
Mientras tanto, el proceso sigue su curso. Con posiciones claramente enfrentadas, pero también con un elemento común: la última palabra la tendrá la justicia. Y hasta entonces, el equilibrio entre legalidad, interés general y presión social seguirá marcando el paso de uno de los asuntos más complejos que afronta actualmente Capdepera.
