Tras la presentación del contencioso administrativo por parte de la plataforma Salvem Sa Pedruscada y el GOB, el equipo de gobierno del Ajuntament de Capdepera —formado por Més per Capdepera y el Partido Popular— ha querido dar a conocer su postura sobre el proyecto urbanístico previsto en la unidad de actuación UA-11, en la zona de Sa Pedruscada.
Desde ambas formaciones se defiende que el Ajuntament ha actuado con responsabilidad, diálogo y en todo momento siguiendo el criterio de los técnicos municipales. Tal como explican desde el PP de Capdepera, “el Consistorio ha trabajado con voluntad de entendimiento para encontrar una solución que afectara lo menos posible a los vecinos de la zona, respetando los derechos adquiridos por la empresa promotora”. En este sentido, destacan que en las reuniones mantenidas con la promotora y los residentes, se acordó reducir las alturas de las edificaciones previstas, limitándolas a planta baja más una, “una propuesta valorada positivamente como vía de consenso”.
Més per Capdepera, por su parte, detalla que el proyecto de Sa Pedruscada fue heredado de legislaturas anteriores, y que desde su entrada en el gobierno, en noviembre de 2023, uno de los primeros pasos fue suspender las licencias en la zona para poder revisar y modificar el planeamiento. La promotora aceptó rebajar las alturas previstas sin exigir contraprestaciones. “En matèria de reducció d’impacte urbanístic s’ha fet més en un any i mig que en els anteriors vint o trenta anys”, afirman.
Sobre el fondo del asunto, ambas formaciones recuerdan que la licencia de construcción del proyecto aún no se ha otorgado y que, llegado el momento, el Ajuntament deberá atenerse al informe técnico correspondiente. “Si se cumplen los requisitos legales y urbanísticos, denegar la licencia supondría una posible prevaricación”, subrayan desde Més.
Asimismo, advierten que una eventual paralización del proyecto podría acarrear indemnizaciones millonarias a la promotora, difíciles de asumir por parte de las arcas municipales. En este sentido, Més apunta que si el Consistorio debe realizar esfuerzos económicos para preservar determinados espacios, estos deberían centrarse en zonas de alto valor patrimonial como el entorno del Castell. A su vez, reiteran su compromiso con la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico que garantice el crecimiento cero en el municipio.
Tanto el PP como Més per Capdepera respetan el derecho de la plataforma a acudir a los tribunales, y aseguran que el Ajuntament seguirá actuando con transparencia, legalidad y responsabilidad institucional.
