En Cala Rajada, el antiguo Convento de las Franciscanas ha pasado de ser un símbolo de tranquilidad a convertirse en el epicentro de una crisis social y de seguridad que tiene en vilo a la comunidad local. Hace un año, lo que parecía ser un acuerdo bienintencionado entre la congregación religiosa y el Consell de Mallorca para transformar el convento en un centro de acogida para Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) ha derivado en una situación insostenible que ha tensado la convivencia en este tranquilo rincón de la isla.
Un acuerdo que generó incertidumbre
El acuerdo entre las Franciscanas y el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) fue recibido con recelo por muchos vecinos de Cala Rajada. Aunque se trataba de un proyecto con una clara finalidad social, desde el principio hubo quienes expresaron su temor ante la llegada de los menores. Estos jóvenes, en su mayoría provenientes de África y llegados a las Islas en busca de un futuro mejor, no han tardado en generar controversia.
La situación se agravó cuando, debido a la falta de espacio en otros centros de Balears, Cala Rajada recibió un grupo de quince menores procedentes de Formentera. Estos jóvenes, según informan diversas fuentes, han presentado un perfil especialmente conflictivo, y su llegada ha coincidido con un aumento significativo en los problemas de seguridad en la zona. Robos, altercados y situaciones de tensión han hecho que los vecinos de Cala Rajada vean alterada su tranquilidad habitual.
El malestar vecinal crece
El pasado mes de julio, el descontento de los residentes se concretó en una recogida de firmas, logrando reunir 400 rúbricas en las que se exigía al Ajuntament de Capdepera una solución inmediata. Sin embargo, el consistorio, que no tiene competencias directas sobre el centro, se ha visto impotente para ofrecer una respuesta efectiva. A pesar de sus esfuerzos por negociar con el Consell de Formentera el regreso de los menores a la isla pitiusa, las gestiones han resultado infructuosas debido a la falta de espacio en sus instalaciones y la complicada situación política en la que se encuentra Formentera.
Los intentos de trasladar a los chicos a Palma también han fracasado, en parte debido a la dificultad de encontrar un inmueble adecuado y económicamente viable durante la temporada alta. Esta situación ha dejado a las autoridades locales en un callejón sin salida, con una comunidad cada vez más exasperada y un grupo de menores que, según algunos, deberían estar en un centro más especializado como Es Pinaret, debido a sus comportamientos.
El incidente que colmó el vaso
La tensión alcanzó su punto máximo el martes 13 de agosto, cuando los jóvenes del centro de Cala Rajada se enfrentaron violentamente con un grupo de jóvenes de etnia gitana de la zona. El conflicto escaló hasta el punto de producirse amenazas de muerte, lo que llevó a una intervención urgente de la Policía Local, que ha intensificado su presencia en la zona desde entonces.
Al día siguiente, los menores fueron trasladados a Palma, donde se esperaba encontrar una solución temporal. Sin embargo, la falta de espacio en la capital hizo que el retorno a Cala Rajada fuera inevitable. Durante el trayecto de vuelta, en una parada en Cala Millor, doce de los quince chicos se escaparon, temerosos de regresar al convento debido a las amenazas recibidas. Aunque fueron localizados horas después, este incidente no ha hecho más que agravar la sensación de inseguridad en la zona.
El convento y el Consell, sin soluciones a la vista
El convento, que hasta hace poco más de un año era un lugar de recogimiento y paz, ahora se encuentra en el centro de una tormenta mediática y social. Las monjas franciscanas, que inicialmente veían este proyecto como una manera de dar utilidad a su espacio bajo la premisa de ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, ahora son conscientes de la problemática que ha surgido. Sin embargo, al igual que el Ajuntament de Capdepera, se encuentran sin herramientas para resolver una situación que ha escapado a su control.
El Consell de Formentera, que tiene la tutela de estos menores, se enfrenta a un escenario complicado. La crisis política en la isla, que ha dejado a la institución sin un responsable de Afers Socials, ha paralizado cualquier avance en la gestión de este conflicto. A esto se suman las recientes consecuencias de un temporal que ha afectado gravemente a la isla, desviando aún más la atención de las autoridades de un problema que requiere soluciones urgentes.
Un futuro incierto
La crisis en el Convento de las Franciscanas de Cala Rajada está lejos de resolverse. Con un ajuntament desbordado, una congregación sin recursos para manejar la situación, y un Consell de Formentera sin capacidad de respuesta inmediata, el futuro de estos jóvenes y la convivencia en Cala Rajada siguen siendo inciertos. Mientras tanto, la comunidad local se mantiene en alerta, esperando que las autoridades encuentren una solución antes de que se produzcan nuevos incidentes.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de gestionar centros de menores en comunidades pequeñas, donde el impacto de la llegada de estos jóvenes puede alterar significativamente la vida cotidiana. La historia de Cala Rajada es un recordatorio de que, detrás de cada proyecto social, hay realidades humanas que necesitan ser abordadas con cuidado, planificación y, sobre todo, con una respuesta institucional que esté a la altura de los desafíos que plantea.
