La plataforma Salvem Sa Pedruscada, junto al GOB, ha presentado esta semana una demanda contenciosa administrativa ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma. El objetivo es impugnar el acuerdo adoptado el 24 de marzo por la Junta de Gobierno Local del Ajuntament de Capdepera, que desestimaba el recurso de reposición contra la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la UA-11, promovido por la empresa Residencial Vista Alegre SAU en la zona de Sa Pedruscada.
Según indican desde el colectivo, la demanda recoge una serie de argumentos jurídicos que consideran “sólidos y suficientes” para solicitar la nulidad de dicha autorización. Esta acción judicial da continuidad a las alegaciones formuladas en diciembre de 2024 durante el periodo de información pública, en las que ya se advertía de «graves irregularidades urbanísticas y jurídicas».
Entre los aspectos que se denuncian destacan: la ausencia de un instrumento de planeamiento urbanístico adecuado que legitime la transformación del suelo y la construcción de 78 viviendas, la falta de evaluación ambiental, memoria de sostenibilidad económica o informe de disponibilidad de recursos hídricos, y la tramitación irregular de la delimitación de la UA-11 por parte de un órgano considerado incompetente (la Junta de Gobierno Local), con una posterior convalidación en el pleno municipal, algo que según sostienen, vulneraría la normativa vigente.
Desde el colectivo, se califica el proyecto como un «fraude de ley urbanística», ya que —según argumentan— se trata de una operación especulativa que afecta a una zona próxima al litoral de Capdepera sin los servicios urbanísticos básicos y considerada tradicionalmente como suelo rural.
El equipo de gobierno responde
Desde el equipo de gobierno, en concreto desde Més per Capdepera, han querido aclarar su posición ante esta cuestión. Recuerdan que este proyecto urbanístico es, en gran parte, “heredado de la legislatura anterior”, dado que los trámites administrativos asociados ya se habían iniciado antes de su entrada en el gobierno local.
Según explican, uno de los primeros pasos que tomaron fue “suspender temporalmente las licencias urbanísticas en la zona, con el objetivo de repensar el modelo urbanístico y atender tanto a las demandas vecinales como a los criterios de sostenibilidad”. En esa misma línea, afirman “haber llegado a un acuerdo con la promotora para limitar las alturas de los edificios a planta baja más uno, una medida que —subrayan— no ha supuesto indemnización alguna para el Ayuntamiento”.
No obstante, insisten en que, de acuerdo con los informes técnicos municipales, el solar afectado cuenta con la calificación de suelo urbano consolidado desde 1986, una condición que nunca ha sido modificada. Por tanto, y mientras se cumplan los requisitos legales, el Ayuntamiento no puede denegar la concesión de licencias de edificación.
También advierten de que, si el Ayuntamiento denegara la licencia o el juzgado finalmente estimara el recurso de la plataforma, ello podría suponer un coste elevado para las arcas municipales en concepto de indemnización, ya que los promotores habrían actuado basándose en la información urbanística oficial disponible.
Reiteran su “compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa del interés general”, al tiempo que garantizan su voluntad de seguir trabajando por un “urbanismo responsable, sostenible y respetuoso con el entorno y con los vecinos de Capdepera”.
