El futuro del chiringuito de Son Moll ya no es únicamente una cuestión local. Se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles del conflicto abierto entre la estricta aplicación de la Ley de Costas por parte del Gobierno central y la nueva estrategia legislativa que impulsa el Govern de les Illes Balears para proteger determinadas construcciones tradicionales del litoral.
En juego no está solo un establecimiento con más de medio siglo de historia, sino el modelo de gestión del litoral balear y el equilibrio de competencias entre Madrid y la comunidad autónoma.
El motivo de la demolición: la aplicación estricta de la Ley de Costas
La orden de demolición que pesa sobre el chiringuito de Son Moll responde a la aplicación de la Ley de Costas de 1988 y su reglamento de 2014 por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Demarcación de Costas.
El objetivo estatal es claro: eliminar construcciones fijas situadas en dominio público marítimo-terrestre en aras de la renaturalización, la protección ambiental y la lucha contra la erosión del litoral. Muchas de estas edificaciones, entre ellas el caso de Son Moll, se encuentran en una situación administrativa delicada tras años de prórrogas y sin una concesión vigente que las ampare bajo la normativa actual.
No se trata de un caso aislado. Situaciones similares se han producido o se están produciendo en otros puntos de Mallorca, como Cala Torta, donde establecimientos con décadas de actividad han recibido órdenes de derribo en el marco de revisiones administrativas o tras denuncias de colectivos ecologistas.
La lógica de Costas es clara: recuperar el dominio público marítimo-terrestre y revertir ocupaciones que considera incompatibles con la normativa vigente.
Son Moll: entre la memoria colectiva y la infracción administrativa
En Capdepera, el chiringuito de Son Moll es algo más que una construcción sobre la arena. Para muchos vecinos forma parte del paisaje emocional de la playa, un negocio tradicional que ha acompañado a generaciones durante más de cincuenta años. Un espacio creado por la Asociación de Vecinos de Son Moll (al igual que la de Es Faralló creó en también el de Cala Agulla). Una iniciativa social que con el tiempo pasó a ser una concesión por la que el Ajuntament de Capdepera cobra un canon por permitir la explotación.
Ya hemos podido ver comentarios en defensa de la preservación del chiringuito, pero también otros que dicen todo lo contrario y que no tiene ningún valor patrimonial ni cultural como lo fue antaño cuando lo regían los propios vecinos de la zona, que con los beneficios extraídos realizaban actuaciones e inversiones en la zona para la preservación de Son Moll, algo que antes se estilaba mucho entre las asociaciones de vecinos y colectivos sociales (como colocar papeleras, mejorar la limpieza y realizar actuaciones como si fueran un propio ayuntamiento de la zona en cuestión). Pero eso pasó a la historia, ya que hubo un momento en el que se hizo un cambio drástico en la gestión de las playas, pasando a ser una concesión a subasta, a comienzos de los 90.
Ahora el Ajuntament se encuentra en la situación de ejercer de brazo ejecutor de un dictamen estatal. Hay quien intenta dar pasos para que este espacio se pueda acoger a la nueva normativa que está impulsando el Govern, intentando justificar que el chiringuito forma parte del patrimonio cultural del municipio (por tener más de medio siglo). Pero lo que está claro es que la Ley se va a acatar sí o sí, porque como es de entender, nadie quiere problemas.
Lo del chiringuito, es una cuestión que también le pica económicamente al consistorio, porque el canon por la explotación está incluido en el presupuesto anual, si bien es cierto, que en el peor de los casos, se pasaría a montar uno de madera de quita y pon como en otros lugares de la isla, sin ir más lejos en Sa Ràpita o Es Trenc.
Aquí el problema será realmente los metros cuadrados que podría tener el nuevo espacio en caso de tener que derribar y eliminar la construcción actual, porque hay que teme que no se dispongan de los mismos metros cuadrados que ahora, y que sean menos (ni de chiringuito ni de terraza), lo cual sería una handicap para la explotación del negocio, y por ende para las arcas municipales; porque a menos menos menos canon y menos posibilidad de ingresos para el explotador.
Por gestiones que hemos realizado, en la actualidad hay un total de ocho personas (trabajadores al margen de la empresa explotadora – Playas Capdepera -) que ven como su sustento pende de un hilo.
En fin, la dimensión histórica o sentimental no altera la lectura jurídica estatal: sin encaje en el marco actual de la Ley de Costas, la orden de demolición sigue su curso.
y aquí es donde intenta entrar en juego la estrategia autonómica.
El escudo balear: proteger la “pared” aunque no el uso
El Govern de les Illes Balears trabaja en una nueva normativa que algunos ya han bautizado como las “DOT del mar”, unas Directrices de Ordenación específicas para el litoral que pretenden ampliar la capacidad de decisión de la comunidad sobre determinadas edificaciones costeras.
La clave del planteamiento autonómico es la creación de un registro de bienes protegidos. A través de los Consells Insulares, se catalogarían construcciones con valor patrimonial, histórico o paisajístico, y aquí es donde se intentará colar el de Son Moll. La intención es diferenciar entre la protección física del edificio y el uso comercial que se haga del mismo.
En la práctica, si una construcción como la de Son Moll fuera declarada bien protegido por su arraigo histórico, podría intentar frenar su demolición alegando valor etnográfico y cultural, aunque eso no garantizaría automáticamente la continuidad de su actividad como chiringuito.
El proyecto introduce además una novedad administrativa relevante: el silencio administrativo positivo. Si el Ministerio para la Transición Ecológica no emite su informe preceptivo en el plazo de dos meses sobre una concesión, el Govern podría interpretar la ausencia de respuesta como favorable, asumiendo así una mayor capacidad de decisión.
No obstante, si el informe estatal es desfavorable, se abriría un periodo de consultas de dos meses entre ambas administraciones. Si no hubiera acuerdo, el conflicto acabaría previsiblemente en los tribunales.
La última palabra sigue siendo estatal
Pese al movimiento legislativo autonómico, la competencia exclusiva sobre el dominio público marítimo-terrestre sigue en manos del Estado. Esto significa que, aunque el Govern balear logre proteger una estructura por su valor histórico, la autorización definitiva para ocupar dominio público y desarrollar actividad en él depende de Madrid.
El pulso, por tanto, no es solo político, sino competencial.
Para los propietarios y los ayuntamientos afectados, como es el caso de Capdepera, se trata de una carrera contrarreloj para demostrar que determinadas edificaciones no son simples ocupaciones irregulares, sino parte de la identidad cultural y turística de las islas.
Para el Estado, la prioridad es recuperar espacios considerados públicos y garantizar su protección ambiental.
Un debate que va más allá de Son Moll
El caso de Son Moll simboliza una tensión más amplia: la confrontación entre una visión estatal orientada al desmantelamiento y la renaturalización del litoral y una defensa local que reivindica la integración histórica de ciertos establecimientos en el paisaje costero.
El desenlace no dependerá únicamente de argumentos sentimentales ni de declaraciones políticas, sino de informes técnicos, plazos administrativos y, posiblemente, resoluciones judiciales.
Mientras tanto, el futuro del chiringuito de Son Moll permanece en suspenso, convertido en símbolo de un debate mayor sobre qué litoral quieren las Illes Balears y quién debe tener la última palabra sobre él.
Pero la gran pregunta es: ¿Habrá chiringuito en Son Moll este verano? Lo que está claro es que a día de hoy, tal y como se puede comprobar en las imágenes que adjuntan esta información, el inmueble está en un estado deplorable por las consecuencias de los temporales sufridos en los últimos meses.
¿Realmente no valdría más la pena mirar de poner uno de quita y pon, de madera, que intente respetar al máximo los metros actuales tanto de chiringuito como de terraza? Posiblemente los propietarios y el propio consistorio lo saben más que nadie, ya que son los que están ‘corriendo’ para que el actual no sea demolido.
