Según ha podido saber Més per Capdepera, los técnicos del departamento de Urbanismo ya han informado favorablemente la construcción de un chalet en la parcela más alta de la zona del Faro, la que llega hasta el transformador.
¿Recuerdan que este era un tema que tocamos en diversas ediciones pasadas? Precisamente, “es el solar en el que el impacto será más evidente”. Parece que los arquitectos municipales habrían obligado al promotor a rebajar plantas, pero “todo apunta a que el impacto visual y paisajístico será terrible”, apuntan desde la formación.
También se pidió un informe sobre la afectación a las señales luminosas del Faro, que no varió el proyecto. Una vez que los informes son positivos y se elevan a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, ésta deberá dar la licencia.
En 2019, se habían pedido licencias en las parcelas más altas, una vez aprobada la dotación de los servicios que faltaban en la Unidad de Actuación de Cala Gat.
“De repente nos pusimos a trabajar y en febrero de 2020 se aprobó una moción en el Ayuntamiento que reclamaba al Gobierno y al Consejo la compra de los solares o bien ayuda para expropiarlos, unos solares, hay que recordar -lo, que están en zona urbana residencial desde las Normas Subsidiarias de Capdepera de 1986”, reza en un comunicado remitido.
En la pasada legislatura la gente de Més per Capdepera tocó todas las puertas posibles en Palma, tanto en el Govern como en el Consell, y tuvo varias reuniones para conseguir las ayudas para comprar o expropiar las parcelas. “Y nos consta que desde el PSOE de Capdepera se hizo lo mismo” dicen.
Las respuestas siempre fueron negativas, por diversos motivos. “No podemos sino mostrar nuestro disgusto e incomprensión ante la falta de ayuda en una situación de emergencia”. Desde su punto de vista, la cuestión es que la pasada legislatura finalizó sin concretar nada, dejando al Ayuntamiento de Capdepera en una situación límite.
Creen que “posiblemente, hasta hace medio año, las dos parcelas más altas, las de mayor impacto, habrían podido expropiarse por menos de 2 millones de euros. Ahora, con la licencia concedida, esa cifra seguramente será mayor”.
Més anuncia que solicitará revisar todos los informes técnicos y estudiará la interposición de un recurso si entienden que no se ha aplicado la normativa en materia de paisaje.
Además, confirman que tantearán al resto de partidos sobre la posibilidad de buscar una solución de emergencia, ya sea una modificación puntual de las normas subsidiarias u otras alternativas, algo que por cuestión de tiempo se antoja imposible.
“Somos conscientes de que el Ayuntamiento no tiene recursos para hacer frente a compras, expropiaciones o indemnizaciones de esa magnitud”. De hecho, hacen referencia a que “no sabemos ni cómo se podrán cuadrar los presupuestos de 2024, frente al aumento de más de un millón de euros de los gastos de recogida de residuos y de consumo energético”.
Por otra parte, utilizar el remanente dejaría al municipio sin poder realizar inversiones urgentes y necesarias.
También, desvelan que hay otros proyectos que preocupan a los vecinos, como en sa Pedruscada, donde la situación urbanística es similar, con suelo urbano consolidado con todos los servicios.
“Detener los proyectos o cambiar la situación urbanística, hoy por hoy, es muy complicado, ya que el Ayuntamiento no puede hacer frente en solitario a este conjunto de indemnizaciones o expropiaciones”, creen.
La construcción de estos chalés supondrá un atentado paisajístico de gran magnitud. Aparte del impacto medioambiental, se cargarán toda la vista desde la zona del transformador del Faro hacia Cala Rajada y Capdepera, un paisaje protagonista de multitud de fotografías y postales. Cientos de turistas llegan a este sitio siguiendo la ruta del Faro. La imagen que traslada a Capdepera, una vez más, es de destrucción y aniquilación de todos los elementos naturales y paisajísticos que dan valor añadido a nuestra región.
“Todo ello demuestra, otra vez, lo destructoras que fueron las normas subsidiarias que aprobaron nuestros representantes en la década de los años 80, poniendo los intereses particulares por encima de los colectivos”, aseveran.
Y también pone en evidencia, según la formación, “la incapacidad o falta de voluntad de los distintos gobiernos municipales posteriores para identificar e intentar desclasificar aquellas zonas que podían crear un mayor impacto medioambiental y visual”.
Piensan que el Govern de les Illes Balears y el Consell de Mallorca no han ayudado demasiado, “prácticamente nunca han apostado por proteger territorio en nuestro municipio, como si se ha hecho en otros”, concluyen.
