El cruce de comunicados y el debate en pleno revelan tensiones de fondo por el uso del remanente
Lo que parecía un punto más del orden del día en el último pleno del Ajuntament de Capdepera acabó convirtiéndose en el tema más tenso y controvertido de la sesión. La aprobación de la liquidación del presupuesto municipal de 2024 abrió una brecha clara entre el equipo de gobierno (PP-Més per Capdepera) y el grupo municipal del PSIB, que no solo mostró su disconformidad en sala, sino que ha continuado la ofensiva con comunicados públicos en los días posteriores.
El origen: un cambio de ciclo político con consecuencias técnicas
Ya durante la sesión plenaria del pasado lunes, el Partido Socialista cargó con contundencia contra el equipo de gobierno, poniendo en duda la gestión económica realizada. Fue allí donde se empezó a vislumbrar la diferencia de enfoque entre ambas partes. La oposición denunció lo que considera una mala utilización del remanente de tesorería —unos 2,4 millones de euros— para financiar gasto corriente, lo que obliga a aprobar un plan económico-financiero para los ejercicios 2025 y 2026.
Desde el equipo de gobierno se defendieron los motivos y el contexto. Y es que, como se explicó durante el pleno, la situación viene heredada en parte del año 2023, momento en que se produjo el cambio de gobierno municipal. La entrada del nuevo equipo supuso, además de un relevo político, una reorganización profunda del organigrama administrativo que coincidió con un presupuesto ya aprobado y una serie de inversiones planificadas por el anterior consistorio.
Ese periodo de adaptación —necesario en cualquier estructura cuando hay un cambio de responsables y de método de trabajo— habría influido en la capacidad de ejecución de las inversiones previstas. Un escenario que, aunque puede considerarse natural desde un punto de vista técnico, ha sido interpretado por el PSIB como una muestra de mala planificación y falta de capacidad de ejecución por parte del actual equipo de gobierno.
Dos relatos en conflicto
En un comunicado titulado “La mala gestió econòmica del PP-MÉS obliga a fer retallades i pujades d’imposts”, el PSIB calificó la situación de “auténtico fracaso de gestión” por parte de la alcaldesa Mireia Ferrer, alertando de que Capdepera podría enfrentarse a dos años de recortes presupuestarios, eliminación de inversiones y subidas de impuestos como consecuencia de lo ocurrido.
Además, los socialistas exigieron que la alcaldesa comparezca públicamente para explicar a los vecinos las medidas que se van a tomar y las consecuencias del plan económico-financiero.
Por su parte, el equipo de gobierno no tardó en replicar. En un comunicado oficial, el Ajuntament de Capdepera acusó al PSIB de alarmismo y manipulación partidista, defendiendo que “todas las actuaciones económicas del consistorio han sido revisadas por Intervención y se ajustan a la legalidad vigente”. Aseguran que el uso del remanente fue correcto y justificado y niegan rotundamente que se haya aprobado ninguna subida de impuestos.
«No es ningún fracaso, sino una actuación responsable prevista por la ley», apuntan, insistiendo en que el plan económico-financiero es una herramienta técnica preventiva, común en muchos municipios.
En el fondo, una pugna por el relato
Este intercambio de argumentos y comunicados ha elevado el tono político en Capdepera. El debate no es solo sobre números, sino sobre el relato político de la legislatura. Mientras la oposición intenta posicionarse como fiscalizadora de una supuesta mala gestión, el gobierno defiende su legitimidad técnica y su voluntad de transparencia.
Todo esto ocurre, además, en un contexto interno de reestructuración del PSIB, que está definiendo su liderazgo local tras los recientes relevos en la dirección insular y autonómica. Este episodio ha activado a sus representantes y ha servido, también, como plataforma de visibilidad para marcar perfil político.
Lo que viene
Más allá de este cruce de posturas, lo cierto es que el presupuesto de Capdepera queda ahora condicionado por la necesidad de aprobar y aplicar un plan de ajuste para los próximos dos años, lo que requerirá consenso, responsabilidad política y claridad en la ejecución. En las próximas semanas, este será uno de los temas que volverá, sin duda, al centro del debate municipal.
📌 ¿Qué dice el PSIB?
El comunicado del PSIB de Capdepera, bajo el título “La mala gestió econòmica del PP-MÉS obliga a fer retallades i pujades d’imposts”, lanza una acusación directa: la gestión del equipo de gobierno ha provocado un desequilibrio presupuestario que obligará a aprobar un plan económico-financiero con efectos en 2025 y 2026.
Argumentos principales del PSIB:
- Uso inadecuado del remanente: Acusan al equipo de gobierno de utilizar 2,4 millones de euros del remanente de tesorería para cubrir gasto corriente, algo que consideran contrario a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
- Obligación de aplicar un plan de ajuste: Afirman que esta situación forzará al Ayuntamiento a aprobar un plan de recortes y subidas de impuestos para poder cuadrar las cuentas en los próximos dos ejercicios.
- Falta de planificación: Culpan a la alcaldesa, Mireia Ferrer, de no haber gestionado adecuadamente los recursos municipales y de no haber ejecutado las inversiones previstas.
- Consecuencias directas: Alertan de que habrá eliminación de inversiones, reducción de gastos y posibles medidas impopulares para corregir el déficit.
- Exigen explicaciones públicas: Piden a la alcaldesa que comparezca públicamente para informar a la ciudadanía de los efectos reales del plan y de cómo afectará al municipio.
📌 ¿Cómo responde el equipo de gobierno?
El Ajuntament de Capdepera, en su comunicado oficial de respuesta, acusa al PSIB de manipular la información con fines partidistas y niega que se haya actuado fuera de la legalidad.
Puntos clave del comunicado municipal:
- Legalidad garantizada: Aseguran que todas las actuaciones económicas han sido revisadas por Intervención y cumplen estrictamente con la legislación vigente.
- Uso legítimo del remanente: Defienden que el uso del remanente se ha hecho de forma legal y transparente, como permite la normativa, y con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del municipio.
- El plan económico no implica recortes drásticos: Subrayan que se trata de una herramienta técnica y preventiva, común en muchos municipios, y no de un castigo o medida de urgencia.
- No habrá subidas de impuestos: Desmienten categóricamente que se haya aprobado ninguna subida fiscal y acusan al PSIB de crear alarma injustificada entre la población.
- Buena gestión desde el inicio del mandato: Reivindican que, a pesar de heredar un presupuesto aprobado por el anterior gobierno, se ha trabajado para adaptarlo a las nuevas necesidades, en un contexto de reorganización administrativa tras el cambio político.
🔍 Dos versiones, una misma cifra
Ambos comunicados giran en torno al uso de 2,4 millones de euros del remanente de tesorería, pero mientras el PSIB lo presenta como una infracción que obligará a aplicar recortes e impuestos, el equipo de gobierno lo considera una decisión técnica correcta, enmarcada dentro de los mecanismos legales previstos.
La discrepancia no solo es contable, sino profundamente política: está en juego el relato de la responsabilidad y la eficacia en la gestión municipal. La oposición busca marcar distancias y debilitar la credibilidad del gobierno local; el equipo de gobierno, por su parte, responde defendiendo su solvencia y tachando las críticas de oportunismo.
