Una mirada atrás
PAULA VALLS (Albacea Arxius)
Cala Agulla (o “l’Agulla”, como la denominan los gabellins en tono afectivo) es uno de tantos símbolos del ecologismo mallorquín: un espacio natural hasta hace poco amenazado o, mejor dicho, en pleno proceso de destrucción por las urbanizaciones de Cala Lliteras y Els Pelats, que rompen la armonía de aquello que hasta hace un montón de lustros fue una de las calas más bellas de Mallorca, la defensa de la cual dio origen a uno de los movimientos ecologistas más precoces de la part forana, un grupo que adoptó el nombre de unas ruinas situadas a la vera del Far de Capdepera y que fue impulsor de una activa campaña a favor del Parc Natural de Cala Agulla (que éste y no otro debería ser la definición de este enclave).
En 1967 del pasado siglo, una pancarta de repulsa que una numerosa representación de industriales, comerciantes y particulares de Capdepera presentaron ante las puertas del Ayuntamiento, con varios escritos de protesta y disconformidad por las concesiones de permisos para la ubicación de xiringuitos, venta de productos y souvenirs al lado del mar por un período de cinco años, se preguntaba: ¿Se venderán nuestras playas?. En la reclamación que hizo suya el Consistorio gabellí, trasladada a la Jefatura Regional de Costas de Baleares, se adjuntaron escritos del Consejo Local de la Falange Española y de las JONS y de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos.
Sería difícil tratar de reconstruir la historia de todos los proyectos que, sucesivamente, han puesto en peligro el futuro de l’Agulla. El documento más antiguo parece remontarse a 1971, año en el que el Departamento de Costas redactó un Plan Especial para ordenar Cala Agulla con una carretera paralela a la línea de costa, unos 300 metros tierra adentro, aparcamientos, cinco varaderos y la posibilidad de construir una urbanización, previa redacción de los correspondientes planes parciales. Afortunadamente, como suele pasar con tantos proyectos oficiales, la cosa no pasó de ahí.
DOS PROPIEDADES
La propiedad de los terrenos situados detrás de Cala Agulla y Cala Moltó se repartieron entre dos fincas principales: “Ca’n Patilla”, de la familia Balaguer, y “Son Jaumell”, finca enorme que en 1985 fue adquirida por la sociedad árabe Dioxiadis. En uno de los descabellados intentos de hacer un buen negocio con Cala Agulla, Gabriel Balaguer se presentó en una sesión plenaria del Ayuntamiento de Capdepera (noviembre de 1981) con unos planos y una maqueta de la urbanización que proyectaba hacer, cediendo un buen número de solares al Ayuntamiento para que fueran utilizados como desearen. Aquel proyecto, presentado informalmente, fue debatido por todos los grupos políticos del consistorio, especialmente en relación con los proyectos técnicos del mismo. El único partido que se manifestó contrario fue el PCIB; el PSOE opinó que debía reducirse la futura urbanización a 32 hectáreas, incluir mayor zona verde, dejar 300 metros desde el mar y ceder diez hectáreas al Ayuntamiento. También propuso celebrar un referéndum popular al respecto. UCD dijo que no aceptaba más de 12 hectáreas urbanizables ni que se edificara en el interior del pinar, protegiéndose la masa forestal; el PSM se abstuvo. Ante este estado de cosas, los planos y la maqueta del señor Balaguer pasaron rápidamente al olvido.
BALNEARIO
Los vecinos, tanto de Capdepera como de Cala Rajada, dieron apoyo al Ayuntamiento en su negativa de autorizar la instalación de un bar y un balneario en Cala Agulla por la familia de don José Balaguer Alonso, administrador de la familia March. La Jefatura de Costas recibió la visita de representantes municipales sobre este tema. El alcalde, don Jerónimo Flaquer Melis, y varios de sus concejales abandonaron aquel organismo con “una ducha de agua fría”, puesto que les contestaron que el Ayuntamiento no tenía competencias para desautorizar la instalación solicitada por dichos particulares, ya que era asunto concerniente a Costas.
No se olvidó durante mucho tiempo el terremoto que provocó el proyecto Balaguer, con el apoyo de la familia de don Juan March, de su intención de cierre de la espaciosa playa e ubicar allí un puerto deportivo, lo cual consiguieron abortar las manifestaciones vecinales.
«Si el Ayuntamiento —argumentaba Costas— se hace cargo, entre otros aspectos, de atender los accidentes y fallecimientos por ahogamientos de extranjeros en las playas es porque así lo quiere el Consistorio, ya que si los accidentes no son de nativos no tienen derecho a estos servicios. Además, los Ayuntamientos no cuentan con presupuesto para regentar balnearios de playa; siempre surgen conflictos», añadían.
Unos días más tarde se celebró in situ, en los terrenos señalados por Balaguer solicitando el balneario y el bar, una confrontación entre la Jefatura de Costas, el Ayuntamiento y una pléyade de vecinos, de intensa crispación, que provocó enconadas reacciones, puesto que se informó que para bañarse en Cala Agulla, previamente, debería hacerse efectivo el pago de una entrada-ticket para acceder al arenal.
Ante distintos movimientos populares en contra de esa decisión, el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad no conceder permiso para la explotación de Cala Agulla por el particular en cuestión, trasladando el acuerdo con más de cuatro mil firmas a altas instancias del Estado. La petición prosperó, se denegó la autorización, el pueblo ganó.
PARC NATURAL
Con la llegada de la democracia y de las primeras elecciones municipales (abril de 1979), las perspectivas cambiaron. El PSOE, con Salvador Moll Vaquer al frente, se presentó a los comicios con un lema claro que compartía una gran mayoría de gabellins: “Cala Agulla, Parc Natural”. Elegido alcalde, encargó un estudio sobre el coste económico de declarar l’Agulla Parc Natural. Se manejó una cifra ridícula (150.000 pesetas). El proyecto no surtió efecto ya que el PCIB, del mismo equipo de gobierno, consideró que era mejor destinar esta cantidad a la compra de botas para los voluntarios que ayudaban a sofocar los incendios forestales, frecuentes en esta zona de Mallorca.
A principios de los años 80 se editaron unos adhesivos que protestaban sobre un proyecto especulativo-urbanístico con edificios hoteleros o comerciales justo detrás de las dunas. Entonces, la barrera para poder acceder al Pí de ses Vegues estaba cerrada como parte de la propiedad privada. Los ecologistas se acercaban allí con frecuencia con ánimo de forzar los candados bajo el grito de “en nom de la llibertat”. En el Parlamento autonómico se reclamaba para este espacio la protección de su territorio.
En 1983 se aprobaron las Normas Subsidiarias. Cala Agulla y su entorno natural estuvieron amenazados de ser urbanizados. Un grupo de gabellins se movilizó para evitarlo bajo las siglas del colectivo Torre Esbucada. El consenso municipal, entre partidos, triunfó con la alcaldía de Joan Pascual, al unísono con los promotores interesados. Con el lema “¡Salvem Cala Agulla!”, la movilización de miles de vecinos consiguió anular el proyecto de urbanización.
El mencionado alcalde manifestaba: “Se han mantenido conversaciones con los propietarios de una parte de Cala Agulla: la familia Balaguer. Básicamente, la propuesta consiste en la posibilidad de ampliar la zona urbanizable que se aprobó en 1963, en unos 30.000 metros cuadrados y, por otra parte, construir una casa en un solar que está entre los apartamentos de Juan Ladaria y ‘S’Entrador’ a la playa. Esta ampliación de la zona urbanizable estaría constituida por un polígono irregular que se puede dividir en un rectángulo y un triángulo. Este triángulo, de unos 16.000 metros cuadrados, únicamente admitiría dos alturas de edificación. Y la parte edificable, la base del triángulo, más alejada del mar. Lógicamente, si el Ayuntamiento lo aprobara, se tendría que presentar el correspondiente Plan Parcial que se ajustase a la legislación vigente”.
ANEI
El PSM, en el Parlament Balear, hizo una proposición de ley para declarar Cala Agulla, Cala Moltó, Cala Mesquida y Cap d’Es Freu como Área Natural de Especial Interés (ANEI). Aquellos que reivindicaban libertad, ya en el gobierno municipal, al ver hasta dónde llegaba la concentración de coches, decidieron volver a poner candados a las barreras en nombre de la ecología y el medio ambiente.
Pero el turismo, que lo engulle todo, necesitaba más espacio. Las aguas del mar arremetieron contra buena parte del arenal de la orilla, dejando al descubierto gran cantidad de rocas que, según el presidente de la Asociación Hotelera de aquel momento, impedían colocar las hamacas y sombrillas suficientes en la playa. “Debería haber tres veces más en número de estos elementos”, instigando una manifestación con “¡Salvem Cala Agulla, volem arena!”. No hubo vindicación alguna de los ecologistas; los empresarios querían mayor espacio para colocar más turistas, lo cual podía salvarles de una crisis.
La regeneración frustrada
En 2011 surgieron voces interpelando la regeneración de Cala Agulla y la falta de arena en la playa. Personas conocidas, locales, insulares y algunos alemanes, así como ex-políticos, clamaban por la recuperación natural de la arena. Madrid y Costas se negaron a regenerar Cala Agulla con el proyecto presentado por conflictos con directivas europeas, al ser parte de la Reserva Marina de Llevant y otras figuras de protección como LIC, ZEPA y ANEI, integradas en la Red Natura 2000. Sin embargo, propusieron trasladar arena desde Banyalbufar, una opción mucho más cara y que a la larga produjo problemas, como la invasión de arena arcillosa de color distinto, que fue parcialmente disimulada con una actuación urgente.
Aparcamiento y decadencia del uso local
Aunque el mar todo lo cambia, en 2014 los vientos trajeron más arena que nunca, evidenciando que la naturaleza tiene sus propios ciclos. En 2017 se denunciaron irregularidades en el aparcamiento privado de Cala Agulla, situado en suelo ANEI y con protección de flora y fauna. Finalmente, Medio Ambiente ordenó su cierre.
Solo queda por regular —o prohibir— los ruidos, músicas estridentes y ventas ilegales en la playa para intentar recuperar, al menos, algún ápice de la tranquilidad y el sosiego que antaño disfrutaban los nativos. Lo más triste es que, actualmente, mucha población del municipio ha dejado de ir a Cala Agulla. Son muchas las personas que han renunciado a la playa de referencia de Capdepera, donde antes iban en familia y que hoy impide a las jóvenes generaciones gozar del entorno que disfrutaron sus progenitores. Han abandonado l’Agulla en busca de nuevas latitudes más sosegadas.
