El aparcamiento de Cala Agulla, que durante cuatro décadas operó de manera irregular, ha sido finalmente desmantelado en cumplimiento con el Plan de Ordenación del Parque Natural de Llevant (PORN), que exigía su cierre antes de febrero de 2025. Las labores de desmonte se iniciaron esta semana, según fuentes de la Conselleria de Medi Natural, quedando pendientes los trabajos de restauración del área afectada.
La clausura de este aparcamiento privado, que operaba de mayo a octubre, ha generado diversas reacciones. El PSOE de Capdepera ha denunciado que el desmantelamiento incumple la disposición adicional novena de la Ley 1/2023 de 7 de febrero, que modifica la Ley de Espacios de Conservación Ambiental (LECO). Según la portavoz socialista, Isabel Rodríguez, el Ayuntamiento ha permitido el desmonte sin los permisos supramunicipales necesarios, y sin que el titular de la explotación presentara el proyecto de restauración exigido por la normativa, que por cierto tenía un año para hacerlo.
Para suplir la ausencia del antiguo aparcamiento, se ha proyectado una nueva infraestructura en la parcela 84 del polígono 9, en zona rústica, con capacidad para 450 vehículos y que deberá ser expropiada, un proceso cuya competencia recae ahora en el Ajuntament de Capdepera. En enero de 2023, el Parlament aprobó una enmienda a la LECO para declarar de utilidad pública e interés social este nuevo estacionamiento. El Ayuntamiento de Capdepera ha iniciado el proceso de expropiación del solar, que quedará fuera del ámbito del Parque Natural de Llevant y será de su competencia. Se contempla la posibilidad de habilitar el aparcamiento de manera temporal durante ocho meses al año, adaptándose al decreto de simplificación que permite su uso en zonas rústicas con estructuras desmontables.
La gestión del aparcamiento de Cala Agulla ha sido objeto de debate durante años. En marzo de 2023, la Asociación de Vecinos de Son Jaumell presentó alegaciones contra la creación de un nuevo aparcamiento en la zona, argumentando el impacto ambiental que podría generar. Paralelamente, el grupo ecologista GOB criticó la decisión del Ayuntamiento de habilitar un solar como aparcamiento, calificándola de ilegal por ubicarse en una zona protegida. En respuesta, el Parlament de les Illes Balears aprobó una modificación legislativa que permite la creación de un aparcamiento en una zona compatible con la conservación del entorno, otorgando al Ayuntamiento un plazo de dos años para completar los trámites necesarios. La población local mantiene opiniones divididas acerca de la ubicación del nuevo aparcamiento, con preocupaciones sobre el impacto ambiental y la necesidad de que los beneficios reviertan en el pueblo.
La situación actual refleja la complejidad de equilibrar la protección medioambiental con las necesidades turísticas y locales, destacando la importancia de la colaboración entre administraciones y colectivos para alcanzar soluciones consensuadas.
